Ley General de Discapacidad (LGD): Cumplimiento de la LGD en el trabajo

• Donación o patrocinio a fundaciones/asociaciones que generen empleo para personas con discapacidad ( ≥ 1,5 × IPREM por plaza no cubierta).

• Contrato de suministro con un Centro Especial de Empleo (CEE) o autónomo con discapacidad ( ≥ 3 × IPREM).

• Contrato de servicios con un CEE o autónomo con discapacidad ( ≥ 3 × IPREM).

• Enclave laboral: grupo de trabajadores de un CEE dentro de la empresa ( ≥ 3 × IPREM).

Requiere certificado de excepcionalidad y justificante económico.

¿Por qué Strat Consultores?

Nos ocupamos de todo —diagnóstico, trámites, cálculo de importes, contratos y memoria ante la autoridad laboral— para que cumplas la LGD sin riesgos ni sobrecargar a tu equipo.

La prestación LGD tiene como propósito asegurar que las personas con una discapacidad igual o superior al 65 % y sin acceso a un empleo adecuado dispongan de los apoyos económicos, sanitarios y sociales indispensables para ejercer plenamente sus derechos.

Con ella se cubren la asistencia médica y farmacéutica, un ingreso mínimo para la vida diaria, la ayuda de tercera persona cuando la autonomía es limitada y la compensación de los gastos de transporte, todo ello orientado a fomentar su autonomía personal y su inclusión social y laboral.

Si tu organización quiere contribuir a que estos derechos se materialicen —ya sea mediante contratación directa o medidas alternativas previstas en la LGD—, en Strat Consultores nos ocupamos de diseñar e implementar el plan de acción que garantiza el cumplimiento normativo y refuerza tu compromiso con la responsabilidad social.

Artículo 42. Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad

Obligación general.

Las empresas, tanto públicas como privadas, que empleen a 50 o más personas deben garantizar que, al menos, el 2 % de la plantilla esté constituido por trabajadores con discapacidad.

• El porcentaje se calcula sobre el total de la plantilla, sin importar el número de centros de trabajo ni la modalidad contractual.

• También se computan los trabajadores con discapacidad que presten servicios mediante contratos de puesta a disposición suscritos con empresas de trabajo temporal.

Excepciones.

De forma excepcional, la empresa puede quedar parcial o totalmente exenta cuando:

• a) Así lo recojan acuerdos de negociación colectiva sectorial de ámbito estatal —o, en su defecto, de ámbito inferior— conforme al artículo 83.2 y 3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo).
• b) Opte voluntariamente por ello y lo comunique a la autoridad laboral, aplicando en todo caso las medidas alternativas que se establezcan reglamentariamente.

Empleo público.

Las ofertas de empleo público reservarán un cupo específico para personas con discapacidad, a fin de garantizar su acceso efectivo a la función pública.

(Incluir nombre + enlace del PDF final)

La obligación de reservar puestos para personas con discapacidad nace del artículo 49 de la Constitución Española de 1978, que exige a los poderes públicos promover la integración social y laboral de este colectivo.

Ese mandato se materializó en la Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), primera norma que impuso la cuota mínima del 2 % de la plantilla para empresas con cincuenta o más empleados.

En 2013, la LISMI fue refundida y actualizada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, dando lugar a la vigente Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (LGD), que mantiene la misma reserva y reúne en un único texto todos los derechos, infracciones y sanciones vinculados a la inclusión.

Si tu organización debe cumplir esta exigencia, Strat Consultores puede encargarse del diagnóstico, la tramitación de excepciones o medidas alternativas y el seguimiento anual, garantizando que superes cualquier auditoría sin desviar recursos internos.